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6. Los alzados

          Los militantes de izquierdas huidos en los montes fueron considerados "alzados" por las fuerzas nacionales. El carácter pequeño y cercado de la Isla limitó, tanto sus posibilidades de fuga como la viabilidad de la resistencia armada. A la carencia de armas y al enclaustramiento geográfico, se unía que los partidarios locales del golpe militar conocían el medio físico y a las personas que lo habitaban. Esto facilitaba la persecución que las milicias adictas a los insurrectos llevaron a cabo, conjuntamente con la Guardia Civil y el Ejército.

     Sin embargo, aunque el Ejército y estas milicias armadas controlaron, inmediatamente, todas las localidades de la Isla, tardaron algunas semanas en organizarse lo suficiente como para emprender batidas. Pronto lo estuvieron y su misión fue capturar a hombres que se escondían sin albergar intenciones de emprender guerrilla alguna, pero que, en bastantes casos, estaban dotados de armas de fuego y explosivos, en un terreno agreste, que, pese a ser conocido, cara al combate, era peligroso y arriesgado.

     Los bandos dictados por las autoridades militares permiten apreciar la exasperación que provocaba el fenómeno de los "alzados". El primer Bando trataba de impedir la existencia de individuos armados deambulando por los montes:

     Hago saber: que el primero del entrante agosto, el día señalado para el cierre de la veda en esta provincia, como las especies de caza que en la misma existen, se persiguen en su mayor parte con escopeta y en las actuales circunstancias no es apropiado que puedan circular con armas los particulares, por las poblaciones y sus campos, he dispuesto que el cierre de la expresada veda quede aplazado en esta provincia hasta nueva orden (sic).

     El 2 de octubre, el comandante militar de La Palma publicó otro Bando de mayor claridad y contundencia:

     Hago saber: que atendiendo a las diferentes causas, leves muchas de ellas, que mantienen en fuga de sus hogares a algunos vecinos de la Isla, poniéndose en situación de rebeldes y de sediciosos sin haber cometido hechos punibles a tal calificación diera lugar y para atender debidamente estas circunstancias y solucionar anómala situación, ordeno y mando:
     Artículo 1.- Todos los individuos inmotivadamente ausentes sin causa punible, ni estar reclamados por la autoridad judicial militar, se presentarán dentro del plazo de cinco días a contar desde la publicación de este Bando en el puesto de la Guardia Civil, Acción Ciudadana o cuartelillo de Falange Española, con las armas que posean, cuya autoridad mediante el correspondiente atestado los pondrá a mi disposición.
     Artículo 2.- Transcurrido el plazo anteriormente fijado, todo individuo que falte inmotivadamente de su domicilio será considerado como sedicioso y ateniéndose a lo que dispone a estos efectos el código de justicia militar.

     Tras estas advertencias, desde finales de octubre, sobre los fugitivos pesó la amenaza de que se les ejecutase inmediatamente después de ser apresados, sin formación alguna de Causa judicial. La dureza de esta medida estuvo prevista desde los primeros momentos, así, el artículo décimo del primer Bando emitido en África por el general Francisco Franco advertía que serían "considerados como presuntos reos de sedición o rebelión las personas que se encuentren o hubiesen estado en sitio de combate, y así mismo aquellos que fuesen aprehendidos huyendo o escondidos, después de haber estado con los estimados como rebeldes o sediciosos".

     Ante la certidumbre, por las "desapariciones" de izquierdistas capturados en los montes, de que la represión sería implacable, pasadas unas semanas, algunos fugitivos optaron por regresar, entregándose a las nuevas autoridades, pero solo en el caso de que estuvieran garantizados, es decir, que algún cargo falangista o alguna autoridad, ofreciese seguridades a familiares o a personas en contacto con el huido, para que este volviese sin temor a ser castigado.

     Las Fuerzas Armadas y las milicias del Movimiento Nacional procuraron cortar cualquier tipo de socorro que la población pudiese aportar a los izquierdistas "alzados". Varias disposiciones hacían objeto de duras sanciones a aquellos que acogieran o ocultasen a perseguidos. En el artículo 8º del Bando declaratorio del estado de guerra se decía que quedaban "sometidos a la jurisdicción de guerra y juzgados en procedimiento sumarísimo, todos los autores, cómplices o encubridores de cuantos delitos se previenen contra el orden público". Las medidas emitidas llegaron a ser de una contundencia considerable, como ejemplifican estas dadas en La Palma y en Santa Cruz de Tenerife, respectivamente:

     Artículo 2.- El que encubra a algún individuo o le facilite alimentos para su subsistencia será detenido inmediatamente y le parará igual perjuicio(29) .

     Al mes siguiente, el Teodulo González Peral, comandante militar de la Provincia, ordenaba:

     Artículo 1.- Las personas que alberguen en sus domicilios a rebeldes o sediciosos u otros delincuentes perseguidos por la jurisdicción de guerra, tengan o no conocimiento del hecho que hubieren perpetrado, serán considerados como autores de un delito de auxilio a la rebelión y juzgados en procedimiento sumarísimo.
      Artículo 2.- En las mismas penalidades incurrirán los que de cualquier forma auxilien a los rebeldes y sediciosos.
     Artículo 3.- La casa donde se ocultase el rebelde, si es propiedad del que lo encubra, será volada.

     Se trataba de evitar que los huidos recibieran refugio de los campesinos del interior de la Isla. La amenaza surtió efecto porque muchos, aunque fueran, incluso, conocidos de los fugados, tuvieron temor a comprometerse.

     No sólo se castigaba el auxilio sino que se fomentaba la delación. Así, las normas dictadas por la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife exoneraban de culpa si el fugado era denunciado: "los que en el plazo de 48 horas a partir de la promulgación de este Bando, denuncien a las autoridades o a sus agentes, bien por escrito o confidencialmente, la situación de los rebeldes, quedarán exentos de toda responsabilidad". La difusión entre los pequeños campesinos de la especie de que los comunistas estaban dispuestos a expropiarlos sin alcanzaban el gobierno provocó que algunos vecinos de las zonas rurales denunciase haber visto forasteros deambulando por los montes. La denuncia era seguida de una expedición de guardias civiles y milicianos armados, guiados por arrieros -en muchos casos obligados- para dar con los disidentes que, una vez encontrados, podían ser capturados o muertos.

     La eficacia desplegada por estos métodos contra los fugitivos fue tal que en un año acabó con el fenómeno de los "alzados", hizo impracticable cualquier conato guerrillero y convirtió en incierta la fuga, aunque algunos perseguidos consiguieron evadirse de la Isla por distintos medios(30) .

     Los "alzados" que, a finales de febrero, aún resistían estaban acuciados por la conciencia de que si eran hallados fugitivos, muy probablemente, serían ejecutados, por las dificultades que suponía no poder recibir ayuda de la población rural atemorizada, por el riesgo acechante de ser denunciados, y, por último, por la crudeza de un invierno que endureció las condiciones para la supervivencia a la intemperie.

     Por todo esto, muchos decidieron entregarse cuando los militares volvieron a cambiar la táctica seguida contra los fugitivos de izquierda. En efecto, el nuevo Comandante General de Canarias, el general Carlos Guerra Zagala, marcó el límite final de la cruenta persecución contra los huidos de izquierdas:

     Restablecida la normalidad absoluta en todo el territorio de mi mando, es necesario ir hacia el cumplimiento más estricto del derecho común, llamando, en definitiva, a sustituir las medidas de carácter extraordinario y excepcional que hubo necesidad de dictar en diversas situaciones, ante situaciones de hecho relacionadas con el orden público(31).

     Muchos huidos aprovecharon este momento para entregarse a las autoridades nacionales. Entre finales de octubre de 1936 y finales de febrero de 1937, fueron fusilados, en los lugares de captura o eliminados días más tarde, veintisiete "alzados". Así mismo, fueron "desaparecidos" quince de las personas que ampararon a los fugitivos(32).
     

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